Un juicio inusual se llevó a cabo este 3 de septiembre en el Tribunal de Familia de Managua cuando la jueza Noveno de Distrito de Familia, doctora María de los Ángeles Soza, celebró una audiencia en compañía de la defensora pública, Elheanor Quinto Castellón, representante del demandado, y la licenciada Jennifer Pineda Navas, representante legal de la impulsora de la demanda que se encontraba en la Sala de Audiencia.

Durante el juicio entre los cónyuges y padres de una niña, la defensora pública contactó vía telefónica a su representado, un migrante nicaragüense que pidió estar presente en la audiencia por vía audiovisual y solicitó media hora de permiso a la empresa de construcción en la que actualmente labora en Miami, EEUU, según una nota de prensa del Poder Judicial.

De acuerdo con el reporte judicial ambas partes acordaron que el cuidado y la crianza de la niña la ejercerá la madre al igual que los efectos migratorios, de educación como de emergencias de salud, sin embargo, la autoridad parental será compartida por ambos. Y lo referente a la comunicación y visita del padre hacia la hija será abierto y a través de equipos tecnológicos de comunicación sin que afecte el horario académico ni de sueño ni descanso de la niña.

Asimismo, la resolución destaca que el padre se comprometió a transferir a una cuenta bancaria de la madre la suma mensual de 560 dólares en dos pagos quincenales, esta cantidad equivale al 25% de un salario mínimo del estado de La Florida. Además, ambas partes acordaron dividirse en partes iguales los gastos de salud y educación de la menor, siempre y cuando sea una decisión consensuada.

Este padre migrante se desempeñaba como contador en Nicaragua hasta diciembre del año pasado que decidió trasladarse a Miami.

Esta resolución judicial fue emitida al final de la audiencia celebrada el 18 de agosto pasado, detalló la nota en la misma se establece que ambas partes realizaron acuerdos dentro del interés superior de su hija, ante la autoridad, los que serán contenidos en sentencia que será notificada vía cédula judicial, conforme al artículo 531 del Código de la Familia.